martes, 14 de abril de 2015

Retribuciones de los funcionarios: antecedentes históricos ( 5 min.)


Retribuciones de los funcionarios: antecedentes históricos ( 5 min.)
por

Juan B Lorenzo de Membiela
Doctor por la Universidad de Valencia




La retribución nos recuerda la existencia condicional del hombre bajo  la sociedad, su limitada independencia material y su sometimiento a la organización  en donde presta servicios. Y junto a esta reflexion, otra de diferente calado, pero no menos trascendente:la  retribución justa. Que lo es  cuando,además de ser suficiente, guarda adecuada proporción con la importancia social de la función desempeñada y con el grado de responsabilidad y de formación técnica exigido al empleado[1] . Más allá de reflexiones, supone un elemento básico  de la relación entre, por un lado, el  empleado público, que da su trabajo o/y talento – no es lo mismo-  y ,por otro, la Administración, que paga por ello. 

Es más, la relación jurídica del empleado con la Administración se define ,mayoritariamente,  sobre la convergencia de la retribución y el servicio. Y sin embargo, sin ser desacertada, no es exactamente así, pues lo que hoy – un hoy que lleva ya bastantes años-  se busca y en su defecto se fomenta , es un compromiso interno con la organización que va más allá de una impersonal  y simple relación crematística, se quiere alcanzar un valor más  relevante que el monetario y que va más allá de los límites de una relación acotada reglamentariamente. 

Estos postulados evocan los propósitos renovadores de Bravo Murillo, el « Ministro de bronce » , en palabras de Jordana de Pozas[2], cuyos diseños  burocraticos perduran ,en esencia, hasta nuestros días. Proyectos y normas que confrontaban con la secular  administración  estamental , con especial intensidad bajo  nuestra Ilustracion reinando Carlos III y Carlos IV . Modo secular de  vertebrar las administraciones , principalmente aunque no exclusivamente, sobre  el  privilegio de la sangre como conditio sine quanon para el ejercicio de la voluntad administrativa del  monarca.

Los  empleados públicos gozaban de un crédito social elevado. 

Por un lado, porque  las Secretarias de Despacho – que asumieron competencias de los Consejos Reales en vías de desaparición en el siglo XVIII- supusieron  el tránsito de  una organización feudal a otra más moderna- se ubicaban en el mismo Palacio Real. Por otro, porque los empleos públicos pasaban de padres a hijos, de modo « pacifico y rutinario » , como expone Gil de Zárate. 

Pero también,porque las funciones públicas estaban reservadas a la nobleza, bien entendido que concurría un gran  analfabetismo.  Esas dos pautas, ocasionaban una fascinación en la sociedad que aún hoy perdura lejanamente  como una vía de ascenso en lo que hoy se denomina  « posición social de preeminencia  » , que no es otra cosa que un eufemismo del antiguo régimen estamental.

Pero las ideas francesas llegaron a España con una impiedad, si bien no súbita ,  sí retardada,  ocasionando quebrantos a la organización toda: por un lado,  afectó al estamento social que aportaba el mayor número de funcionarios y magistrados honorarios – o por elección- . Por otro, y aquí radica la importancia de este razonamiento, dio paso a un amplio número de funcionarios  que trabajaba a cambio de remuneracion. Conste así este hecho sin mayores precisones históricas[3] , para su empleo en este trabajo,  aunque hubo funciónarios honorarios por el modo de acceso, único por otro lado, que recibían una retribución por su trabajo en atención a su naturaleza y vinculación.

Remuneracion desigual unida a una exclusividad  que impedia un nivel aceptable de vida para el funcionario y su familia.  Junto a la oposición del Gobierno y las Cortes de aumentar los salarios, la oposición de la Hacienda  para evitar un incremento de clases pasivas y  además lo que algún  autor califica como « experiencia de los interesados en la mayor facilidad de obtener mejoras económicas por otro camino » .

 Todas estas circunstacias provocaron que los  sueldos permanecieran inalterados, al menos ,  durante cien años. Conseceucnia de estos antecedentes junto a estos sueldos concurrian otras percepciones , de carácter excepcional , originariamente  reconocidos a los cuerpos especiales  y que consistían en gratificaciones fijas y variables, gastos de representación, compensaciones por criterios diversos , dietas, asistencias y viáticos,  derechos y honorarios, percepciones  ingresadas en fondos que luego son repartidos. En definitiva, una serie inninterimable de conceptos que complementaban un sueldo que aún hoy, y sin los complementos, es manifiestamente insuficiente.

Todo ello contribuyó a calificar el hecho retributivo como lesivo al principio de igualdad, manteniéndose la  idea general de que las retribuciones son insuficientes y necesitadas de una profunda reforma. Ignorancia retributiva que aún hoy se acepta con independencia de que esté regulada por la ley y los tribunales hayan interpretado con distinto signo su inercia histórica.

Conviene informar que en nuestra historia no todos los cargos que desempeñaban  funciones públicas eran retribuidos, entre otros, no percibian remuneracion  los de concejal, empleos honoríficos y obligatorios.

Ser diputado a Cortes era en España gratuito y voluntario. Fue en 1920 cuando se compensó a los dipùtados y senadores con 6.000 ptas para resarcir  la suprimida franquicia postal. También los miembros de la Asamblea Consultiva tuvieron derecho a dietas por asistencia a las sesiones plenas y de sección.

Los diputados de las Constituyentes de 1931 ostentaban el derecho a percibir 6000 ptas. .Semejante sueldo recibían los llamados Procuradores en Cortes[4].

El derecho al sueldo únicamente es reconocido a los empleados; sueldo, como justifica Gascón y Marín, proporcional a la importancia de las funciones asignadas  pero también a las necesidades que suponen para la vida social .  Queda así constatado que la función publkiuca no es solo un medio de sustento sino también un medio de posicionamiento social.

Desde esta tesis, Mayer define la retribución  como el equivalente en dinero de la obligación de servir creada por el nombramiento,  que es debida en proporción a la duración de la obligación y que vence  en plazos regulares[5].

Para Laband , es renta aneja a la administración de un oficio con la ayuda de la cual el Estado mantiene al funcionario[6].

Para Gönner en  los Estados antiguos , el sueldo era una indemnización por el  exceso de servicios que el particular funcionario presta al Estado, sobre los que prestaría si las cargas estuvieran repartidas entre todos.

También se  ha identificado al sueldo como  salario aplicando al Derecho público lo previsto en el Derecho privado, en este sentido Orlando [7].

Pero la retribución del funcionario no solo se presenta como un único  concepto sino que se distinguen varios.  Bajo la Ley de Bases de 22  de julio de 1908 cabía identificar los siguientes:


·         Sueldo, retribución fija anual pagada por mensualidades.

·         Derechos, si la retribución se hace por aquellos particulares a quie­nes interesan los servicios directamente.


·         Dietas, si la retribución la efectúa el Estado en relación con los actos que realiza el funcio­nario, el que sólo es retribuido los días que presta función.

·         Gastos de representación, exigidos por desempeño del cargo que obliga a un determinado tren de vida por la categoría social que ocupa el funcionario y la importancia representativa de sus funciones.


·         Indemnización por residencia, en determinadas poblaciones en las que la vida sea más cara que en otras.

·         Reembolso de los gastos materiales que el funcionario haya tenido que realizar para desempeñar la función.


·         Indemnización por gastos de salidas, cuando el funciona­rio ha de prestar servicios. extraordinariamente fuera del lugar en que ordinariamente debe prestarlos.

·         Indemnización por traslado, cuando la Administración abona al funcionario una cantidad en caso de cambio obligado de residencia.


A titulo de ejemplo ,  los sueldos de los funcionarios según las diversas carreras o cuerpos especiales a que pertenecen las emplea­dos, y sobre el criterio determinado por el Real decreto de 18 de junio de 1852 ,  modificado por el RD 7 de septiembre de 1918 aprobando el Reglamento para la aplicación de la Ley de Bases de 22   de julio de 1918 , son los siguientes, aclaro que son en cómputo anual:

Jefe de Administración de 1ª clase, 12.000 ptas.

Jefe de Administración de 2ª clase, 11.000 ptas.

Jefe de. Administración de 3ª clase, 10.000 ptas.

Jefes de Negociado de 1ª clase, 8.000 ptas.

Jefes de Negociado de 2ª clase, 7.000 ptas.

Jefes de Negociado de 3ª clase, 6.000 ptas.

Oficiales de 1ª clase, 5.000 ptas.

Oficiales de 2ª clase, 4.000 ptas.

Oficiales de 3ª clase, 3.000 ptas.

Auxiliares de 1ª clase, 2.500 ptas.

Auxiliares de 2ª clase, 2.000 ptas.

Auxiliares de 3ª clase, 1.500 ptas.


La Ley 3 diciembre 1939 fijó incrementos de sueldos del personal civil en la Administración del Estado, señalando éstos en la siguien­te escala[8], en cómputo anual:

Jefes Superiores de Administración, 17.500 ptas.

Jefe de Administración de 1ª1 clase,   14.400 ptas.

Jefe de Administración de 2ª clase, 13.200 ptas.

Jefe de Administración de 3ª1 clase, 12.000 ptas.

Jefe de Negociado de 1ª clase, 9.600 ptas.

Jefe de Negociado de 2ª clase, 8.400 ptas.

Jefe de Negociado de 3ª clase,     7.200 ptas.


Oficiales de 1ª clase, 6.000 ptas.

Oficiales de 2ª clase, 5.000 ptas.

Oficiales de 3ª clase ,4.000 ptas.

Auxiliares, 3.500 ptas.

El sueldo era percibido desde el día de la toma de posesión.

En el supuesto de ascenso por antigüedad se devenga desde el día siguiente cuando se produjo la vacante.

En el supuesto de licencia, caso de enfermedad, percibirá el sueldo entero el primer mes.

En el supuesto de licencia diferente a la enfermedad, cuando supere los 15 días se suspenderá el devengo del sueldo.

El funcionario suspendido de empleo por providencia gubernativa disfrutará sólo de medio sueldo.

Si la suspensión es en virtud de proceso judicial en causa de delito por malversación de caudales públicos, no se abonará sueldo alguno.

Si la suspensión procede de otros delitos, percibirá el que le corresponda como cesante, art. 18,19, 20 y 33 RD 7 de septiembre de 1918 aprobando el Reglamento para la aplicación de la Ley de Bases de 22   de julio de 1918 :


« Art. 18  Los funcionarios percibirán el sueldo que les esté asignado desde el día en que tomen posesión de su destino, excepto cuando hayan obtenido éste por ascenso en turno de antigüedad, caso en el cual devengarán el nuevo sueldo desde el día siguiente al en que se hubiera producido la vacante respectiva.

El plazo para tomar posesión, tratándose de ingreso en el servicio, ó de ascenso ó traslado que impliquen cambio de residencia, será de treinta días, á contar desde la fecha del nombramiento, exceptuándoos  los casos siguientes:
   
 a) Los nombramientos en que se  consigne  un  plazo más breve.
   
 b) Los de destino en las Islas Canarias, y los traslados desde este  archipiélago ó desde la zona del Protectorado en Marruecos á la Península, casos en los cuales el plazo se entenderá ampliado por quince días, y

c) Los de nombramiento para cargo que exija prestación de fianza, en los que el  término  posesorio  será de cuarenta y cinco días.
   
Para los Sargentos en activo servicio que obtuvieren destinos civiles, el plazo se contará desde la fecha en que se les entreguen los pasaportes por las respectivas Capitanías Generales; y para los Sargentos licenciados desde el día de la inserción del nombramiento en la Gaceta de Madrid.
    
Los referidos plazos sólo podrán prorrogarse por causa justificada, y mediante Real Órden en la que se consigne aquélla expresamente.

  Art. 19  Los funcionarios ascendidos ó trasladados, tendrán derecho á percibir durante el plazo posesorio el sueldo de su destino anterior, si no se hallaren en uso de licencia. Si disfrutaran de ésta, que se considerará terminada desde la fecha del nuevo nombramiento, los interesados sólo percibirán en el indicado plazo los haberes que   les
corresponderían por razón de la licencia.

Art. 20  Cuando las prórrogas de los términos posesorios sean concedidas por enfermedad ú otra cualquiera causa no dependiente de la voluntad del interesado, los funcionarios percibirán todo el sueldo del destino anterior en la primera prórroga, que no excederá de un mes y no percibirán haber alguno en la segunda y última prórroga, que tampoco podrá exceder de ese tiempo. Si dichas prórrogas se concedieran á funcionarios que al ser nombrados para otro cargo disfrutasen de licencia, los haberes se regularán á tenor de lo dispuesto en el artículo anterior.
   
 Las prórrogas que se otorguen por conveniencia de los interesados serán sin derecho al percibo de sueldo, y solamente por un plazo máximo de treinta días.

Art. 21  Los funcionarios ascendidos ó trasladados de una oficina á otra sin cambio de residencia, tomarán posesión de su nuevo cargo el siguiente día al en que cesen en el destino que desempeñaren al ser nombrados, salvo el caso de disfrute de licencia, en que el plazo posesorio será de los días que resten de ella.
   
 Si el nuevo destino fuera de los que exigen fianza, el término posesorio será de cuarenta y cinco días.

Art. 22  Cuando tratándose de ingreso en el servicio, los funcionarios no se presenten á ejercer su cargo dentro de los términos posesorios ó de las prórrogas que les fueren concedidas, se entenderá que renuncian su destino. En los demás casos, los funcionarios que no tomen posesión de su nuevo destino en los plazos marcados, serán declarados cesantes.

Art. 33  Las licencias por enfermedad se concederán con sueldo entero por un mes. Cuando la enfermedad sea de mayor duración, habrá de comprobarse, y la prórroga de la licencia no se otorgará sino por Real orden publicada en la Gaceta de Madrid.

Las licencias concedidas por otro motivo, desde que excedan de quince días, serán siempre sin sueldo, y su duración no excederá de tres meses, sin prórroga alguna » .


El sueldo podía ser objeto de retención no más que en la séptima parte, de conformidad a la Ley 25 de abril de 1895, Ley 5 de junio de 1895, Ley 29 de julio de 1908, RO 28 de abril de 1906, RO 30 de enero de 1907, de conformidad al art. 86 RD 7 de septiembre de 1918 aprobando el Reglamento para la aplicación de la Ley de Bases de 22  de julio de 1918.

Aunque al amparo de la Ley de Presupuestos de 25 de junio de 1880, prohibió que se modificara el sueldo o categoría de ningún cargo público sin acuerdo del Consejo de ministros .




En 2010 y en plena implantación de la Gobernanza y la Nueva Gerencia Pública , es llamativa que la  Exposición de Motivos de la Ley de Bases de 1963 recoja postulados sobre el factor humano, calidad, eficacia, empresa … términos usados como novedosos en este siglo XXI en teoría de la organización y particularmente en la teoría de la organización pública. Y ello provoca una inquietud que no es otra que la máquina burocrática sigue tan inmutable como en el siglo pasado y si investigamos algo más, no encontraríamos diferencias sustanciales con la Administración del siglo XIX, por ejemplo.

Aunque alentados por una idea de perfeccionar lo que ya tenemos, conscientes del fracaso que se produciría,  se lucha por un cambio sin que los tiempos erosionen ese espíritu de la organización que es el del hombre o mejor, que sólo es, sin más, reflejo de su naturaleza autentica , inmutable ante el tiempo. Comportamientos grupales que presentan cierto paralelismo con los descritos en la etología. Impenetrable a las nuevas ideas de organización distintas a las más cómodas.

Prueba palpable de la vocación legislativa hacia esa modificación cultural   puede verse en esta Ley de 1963 y su desarrollo en la LF de 1964 .


La Ley de Bases 109/1963 de 23 de julio , modificada por la Ley 106/1966, de 28 diciembre, recoge en su Exposición de Motivos, primer apartado , consideraciones sobre el elemento humano de la Administración Pública  y lo enfoca desde una perspectiva de modernización, de cambio,  apdo. dos:


« La modernización de las estructuras y de las actuaciones halla su culminación en el perfeccionamiento del régimen aplicable a los funcionarios públicos,  elemento  humano  que  presta su aliento y su impulso creador a la gran empresa estatal. La clave de la eficacia de la Administración radica fundamentalmente en la  calidad de quienes la sirven y en el acertado régimen de personal que tenga establecido » .


En  su apdo. Tercero, aplicación de la teoría de la organización:

« Mucho ha progresado en los últimos decenios la  ordenación del factor humano en las empresas de todo género. La Ciencia de la Organización ofrece nuevas soluciones a los difíciles problemas de selección, formación, estímulo y adecuación de las personas a sus específicas tareas en el cuadro empresarial. La incorporación de esos criterios al ámbito de la Administración Pública con las necesarias adaptaciones a las peculiares características de ésta, habrá de ser, sin duda, provechosa para remozar el derecho positivo español en materia de funcionarios, cuyos principales textos todavía vigentes se han visto desbordados     por las circunstancias actuales» .

Pero también en su apdo. III, Principios que inspiran la nueva regulación, subapartado cuatro, referencia  la retribución  , racionalizándola sobre la  aplicación  de la ley en la determinación de los conceptos retributivos y la proporcionalidad interna de los sueldos en razón a la actividad desempeñada en los puestos y en las tareas de esos puestos:


« Fundamentales innovaciones se establecen al regular  los derechos económicos de los funcionarios. Cierto es que será una  Ley especial de Retribuciones la que en su día fije la cuantía de  los haberes y percepciones de toda clase. Pero si es una necesidad el acabar con las visibles desigualdades actualmente existentes, esta Ley de Bases tenía que preocuparse, y así lo hace, primero, por sentar el principio de que los funcionarios sólo podrán ser remunerados por los conceptos que se determinan en la Ley, y segundo, por determinar cuáles son estos conceptos.

Resultan patentes las ventajas que han de derivarse del nuevo sistema. La proporcionalidad interna en los sueldos de la Administración es un presupuesto indeclinable para su buen funcionamiento. Se impone por ello la clasificación de plazas y Cuerpos, tarea que con más detalle habrán de abordar las disposiciones que se dicten en ejecución de la presente, y la asignación a cada uno de ellos de un coeficiente justo y ponderado que habrá de aplicarse sobre un sueldo base único. Con ello la proporcionalidad interna de los sueldos quedará a salvo del riesgo de que disposiciones posteriores puedan introducir nuevos desequilibrios. Ciertamente, la justicia demanda que cualquier modificación en las remuneraciones se aplique proporcionalmente a
todos los Cuerpos de funcionarios » .


La Ley de Bases de los funcionarios civiles del Estado, 109/1963, de 20 de julio ,Base X, apdos. uno a cinco , en relación con la Base VII, apdo. tres, que regula el derecho a la percepción de recompensa.


En   la remuneración del funcionario cabrá diferenciar dos conceptos:

A) Determinación de los conceptos por los que exclusivamente podrán ser remunerados los funcionarios de la Administración civil del Estado.

B) Fijación de la cuantía a percibir que señalará la Ley de Retribuciones.


Como determinación de los conceptos retributivos, en tanto el funcionario se encuentre en activo, cabe diferenciar: 


1.° Percepción mínima general para todo funcionario integrada por los conceptos:

·         Sueldo.

·      Pagas extraordinarias.


·         Trienios.

2.° Complementos de sueldo, de nuevo tipo denominados:

·         Destino.

·         Dedicación especial.


·         Familiar.

3.° Otras remuneraciones.

·         Indemnizaciones por resarcimiento de gastos.

·         Gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios.

·         Incentivos, que revestirán la forma de primas a la productividad u otros análogos.


4.º Fijación de la cuantía de las retribuciones.


El sueldo base es determinado multiplicando una cantidad igual para todos los funcionarios que es establecida por ley por un coeficiente multiplicador fijado para cada cuerpo por el Gobierno[9].


La aportación decisiva en materia de retribuciones esbozado por la Ley de Bases de 1963 consiste en el cambio de la valoración de la antigüedad, únicamente, que no desaparece,  pero se modula con las características del   puesto de trabajo  y su  grado de responsabilidad.  Supone una evolución de la valoración del tiempo y del escalafón, que al carecer de una aplicación general y uniforme dio lugar a normativa reglamentaria y consuetudinaria propia en cada Ministerio lo que contribuyó a fomentar discriminaciones en una misma Administración Civil[10] . La razón de ello, puede encontrase en el estudio de García Pascual[11] que no lo atribuye sino a la inexistencia  de órgano alguno que se ocupe de la Función Pública para adoptar decisiones sistemáticas:


« Bajo el  Reglamento de Funcionarios de 1918 […] concurría  una  extraordinaria desigualdad entre los distintos servidores del Estado. Cada Ministerio tiene su régimen y en cada Cuerpo sucede lo mismo. Así, unas veces de derecho y otras de hecho, son distintas las características de Cuerpos que cumplen una misma misión; desiguales, también, las retribuciones de sus funcionarios, aunque los sueldos bases sean iguales, las horas de trabajo, las incompatibilidades, las situaciones administrativas, etc. Sucede que algunos organismos tienen un exceso de funcionarios, y en otros, por el contrario, faltan, sin que exista un procedimiento ordinario para hacer el debido acoplamiento. Las supresiones de órganos dan lugar a problemas de personal que no tienen ninguna relación con los problemas también de personal que surgen al crearse al mismo tiempo otros organismos nuevos. Todo esto podría subsanarse regulando de manera unitaria todo lo concerniente a funcionarios (esto ya lo hizo el Reglamento de 1918), y además estableciendo en dicha regulación un sistema que garantizase el cumplimiento y la aplicación de sus preceptos, mediante la creación de un órgano encargado de la función pública […] » .


En la Ley de Bases de 1963 se esboza la creación de la Comisión Superior de Personal y se proyecta el criterio de la proporcionalidad entre plantillas de los diferentes ministerios, recogido en la Base VI, apdo. uno. Se evita con ello discriminaciones injustificables  entre cuerpos similares adscritos a diferentes Ministerios con la finalidad de aplicar los principios de productividad, racionalización y óptima organización del trabajo. Todos estos elementos responden al principio de eficiencia.

 La Ley de Bases de los funcionarios civiles del Estado, 109/1963, de 20 de julio, la LF de 1964   junto a la Ley de Retribuciones de 1965 y RD-L  30  de marzo de 1977, supuso un compromiso serio de afrontar un cambio en la función pública, una diferente política de personal que alcanzará hasta la LMRFP de 1984[12] y de ésta, a la vigente Ley 7/2007, EBEP.

Como indica la Exposición de Motivos de la Ley 4 de mayo de 1965, de Retribuciones, se supera la retribución calculada sobre las categorías administrativas establecidas en el Estatuto de 1918 introduciendo otros elementos de ponderación.

Y esta idea tuvo consecuencias: Esa proscripción discriminatoria justifica que sea considerado «excesivo» aplicar retribuciones diferentes en atención al trabajo en idénticos cuerpos de funcionarios[13]. En relación con la afirmación de Ismar Baruch[14] que la correcta clasificación de puestos de trabajo necesariamente debe contener una retribución igual para puestos de trabajo iguales.

La retribución fue sin duda alguna el elemento decisivo que promovió el nuevo régimen de función pública. Jordana de Pozas en su discurso ante el Pleno de las Cortes Españolas de 15 de julio de 1963, en la defensa de su dictamen de la Comisión al proyecto de Ley de Bases de 1963 lo expone con precisión:

«Prescindiendo de otras muchas críticas y reparos, suele afirmarse que tales remuneraciones son injustamente desiguales y generalmente insuficientes. La desigualdad dimana de la falta de unidad de la Administración del Personal, de la multiplicidad de las fuentes y del insuficiente control de los modos de retribución de los funcionarios. La insuficiencia, del evidente desfase entre la escala de sueldos y el coste de la vida. Las consecuencias que tal estado de cosas acarrea son gravísimas y su remedio, urgente.»

Y aunque la voluntad de la Ley de Bases de 1963 era que  las retribuciones no debieran ser  reguladas en la LF de 1964   sino en una Ley de Retribuciones que sería la de  1965, se justificaba este extremo sobre el siguiente razonamiento:

«Sucede, sin embargo... [que] no puede seriamente abordarse la solución de problema tan grave sin realizar previamente una serie de complejos estudios e investigaciones para conocer totalmente la realidad de la cuestión y valorar el coste de las nuevas remuneraciones que hayan de establecerse. De ahí que la ley general de funcionarios se limite a establecer cuáles serán los únicos conceptos admisibles para la remuneración de los funcionarios, aplazando para una ley de retribuciones y otra de seguridad social de los mismos la determinación concreta de la cuantía o límites de tales conceptos.»


Es lo cierto que la regulación principal quedó en la LF de 1964, violando con ello la Ley de Bases, ya que la Ley de Retribuciones de 1965 se apartó del diseño Básico como razona Alejandro Nieto[15].





















[1] Ovejero Alvarez, J.M., La retribución del funcionario público, Documentación Administrativa , 1959, 14.

[2] Jordana De Pozas,L., Situación y necesaria reforma del Estatuto de los funcionarios, en « Esrtudios dedicados al Profesor Gascón y Marín » , Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1952.

[3] Vid. Pares,Ministerio de Cultura, D. Juan de Membiela, Contador General del Reyno, , en «  Censo Guia de archivos de España e Iberoamérica, Ministerio de  Cultura, Historia Institucional, Reseña biográfica, en
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=934523

[4] Gascón y Marín, J., Tratado de derecho Administrativo, 9ª edic., t. I, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1946, p. 314.

[5] Mayer, O., Le droit administratif allemand, v. IV, Giard-Briére Editeurs, Paris, 1906, p. 89.

[6] Laband, P., Le Droit Public de lÉmpire Allemand, v. II, Giard et Briére, Paris, 1900, p. 207.

[7] Orlando, Principios de Derecho Administrativo, p. 131

[8] Los sueldos de Cuerpos o escalas de la Administración civil, que están fija­dos en cantidad inferior a 15.000 pesetas anuales no coincidentes con ninguna de las establecidas en la base 1.a de la ley de 1918, se aumentan en cantidad igual a la incrementada al sueldo inmediatamente inferior de dicha base.

[9] Sainz Moreno, F., El control judicial de la fijación de coeficientes multiplicadores en el sistema retributivo de la Función PúblicaRevista de Administración Pública , 1976, 81, pp. 201 y ss..

[10] Clemente Merodio, T., La vigente legislación de funcionarios y la necesidad de su reforma, Documentación Administrativa , Revista Documentación Administrativa, 1958, 4.

[11] García Pascual, P., La dirección de la Función pública, Documentación Administrativa , 1958,10.

[12] Martíinez Bargueño,M.,   en la recension de  Estatutos históricos de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, de González Antón, R.,  MAP , Madrid, 1996, en Gestión y Análisis de Políticas Públicas , 1996, 7-8, p. 221.

[13] Herrero Fontana, J.R., La remuneración de los funcionarios públicos, en « La Función Pública, III Semana de estudios sobre la reforma administrativa » , con Lopez Rodó, Benítez de Lugo, Herrero Fontana, Sampelayo, Antonio Carro, Garrido Falla, Oliva, Guaita, Secretaria Gral Técnica, Presidencia del Gobierno-UIMP,Madrid, 1963, p. 323.

[14]  Baruch, I., Position-classification in the public service, Civil Service Assembly of the United States and Canada, Chicago, 1948.

[15] Nieto, A.,  La retribución de los funcionarios en España. Historia y actualidad, Revista de Occidente, Madrid, 1967, pp.293 y ss..