miércoles, 27 de mayo de 2015

Cómo crear capacidad de innovación dentro de nuestra organización-Revista Harvard Deusto Business ( noticia)

Revista Harvard Deusto Business ( noticia)


DIY: cómo crear capacidad de innovación dentro de nuestra organización


Número 131 de Márketing y Ventas




Artículo de Rodrigo Canales,Charlie Cannon,Christopher Fabian , Erica Kochi,Robert Fabricant,Rebecca Rabison


UN MARCO PARA LA INNOVACIÓN INTERNA
El marco que hemos desarrollado se centra en seis aspectos vitales a tener en cuenta en todo programa de innovación interna:
1. Implicación de los colaboradores internos.
2. Aceptación de los fracasos.
3. Aprendizaje colaborativo.
4. Mantenimiento de una cartera de opciones.
5. Desarrollo de colaboraciones externas.
6. Identificación de los efectos secundarios




ENLACE A REVISTA

sábado, 23 de mayo de 2015

A propósito del movimiento ( 1 min.)

A propósito del movimiento ( 3 min.)



Juan B. Lorenzo de Membiela

La España del siglo XVIII transitaba desde  la gloria militar de un Imperio herido a un reino ilustrado, barroco y racionalista, con serios problemas económicos y deficiencias sociales que siempre fueron paliados por la caridad cristiana. En el escenario internacional, la Guerra de Sucesión entre Borbones y Austrias costó la pérdida de las provincias de Flandes, territorios en NápolesMilán Cerdeña, dados a Austria; Sicilia y parte del Milanesado a Saboya   y la cesión a Inglaterra de Gibraltar Menorca.

 En el doméstico, el cambio dinástico introdujo esperanzados proyectos ilustrados, entre muchos, el saneamiento económico[1] del reino. Una estrategia económica  poco conocida pero de gran  relevancia frente a las rancias costumbres del Fuero Juzgo, fue el auto rubricado por  SMC Felipe V  en 4 de diciembre de 1705, declarando:   « […] Quienes fundasen fabricas estarían en el favor real, sin que el manejo de dichas fábricas fuese obstáculo para conservar o alcanzar la nobleza o para ostentar cualquier carácter que tuviesen los hijos-dalgo de Castilla […]»[2]

Quizás mediatizado por la suspensión de pagos del Estado declarada en 14 de octubre de 1704[3]. Porque una economía basada en el vasallaje de la tierra no ofrecía réditos suficientes para el Tesoro  en un momento en que el Estado había  superado  los localismos  de lo feudal. Nuevos horizontes aunque la práctica de la dominación del hombre sobre el  hombre   seguiría y sigue sin necesidad del vínculo de la sangre y sí solamente por la defensa de intereses más egoístas, menos confesables, más codiciosos, desde luego grupales,  que no  alcanzan la épica de lo individual, ni mucho menos.

Así naufragan muchos proyectos más productivos que engrosan la larga lista de causas que motivan la ruindad de las naciones. El boato, lo artificioso, son livianos ropajes que cubren no pocas  vergüenzas. Como lo clandestino ampara  razones que rayan lo sublime.

Como dijo Montaigne,  « […] El mundo es incapaz de curarse, es tan poco paciente con aquello que le atormenta que solamente aspira a librarse de ello sin considerar a qué precio. […]El librarse del mal presente no es curación, si no hay enmienda general de la condición» (2008:920)[4].

En 1749 se construyen  los primeros « caminos carreteros »[5].  Hasta esa fecha no existía comunicación entre poblaciones. Los caminos causarán, que villas, aldeas y cortijos abandonen el autoabastecimiento generado por el aislamiento: las carretas, galeras y calesas, constituían la logística para crear comercio e industria. Y con ello, la importante contribución de los arbitrios o impuestos locales  a la  Corona.

 A finales del siglo XVIII se amplía, entre otros,  el Camino real Madrid -Valencia. Atraviesa la villa de Albacete  por las calles de los Baños, Tinte, Plaza de Carretas y Santa Quiteria.

Autores destacan lo excelente de la vía, mejorada   en 1761[6]Tráfico de bienes y tráfico de personas, sometido éste a imperativos administrativos de regresar el mismo día a plena luz o de presentar fiador que respondiera de su conducta en la localidad de destino.  De ahí   la endogamia que durante siglos pervivió en  cualquier  población, con sus avenencias y con sus rencores: ¿la causa de la  España profunda que subsiste irredenta en el subconsciente?  

Fueron los caminos los que convirtieron  a muchas villas en prósperos centros de comercio y negocio . Y fueron los mares los que convirtieron a España en Imperio…En el  movimiento  y en su  libertad prosperan los pueblos;  en lo estancado es en donde perecen por una lógica descomposición  , consecuencia química inevitable .








[1] Menéndez Pidal, R., La época de los primeros borbones, en « Historia de España », t. XXIX, v. I,   dir. Jover Zamora, J., Espasa-Calpe, Madrid, 1985, pp. XII, XIII y 181 y ss..

[2] De Miguel Fernández, E., Introducción a la gestión (management), Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2007, p. 36.

[3] Real Academia de la Historia, Atlas Cronológico de la historia de España, Ediciones SM, Madrid, 2008, p.227.

[4] Montaigne, M. de, ( 2008): « Ensayos Completos», Cátedra: Madrid.

[5] Rueda Hernanz, G., España 1790-1900.Sociedad y condiciones económicas, Istmo, Madrid, 2006, pp. 94 y ss.. Razona este autor que la dificultad y retraso consiguiente de crear vías de comunicación en España obedeció  a la orografía  montañosa y a  las diferentes cotas de altitud de los territorios, lo que encarecía- y aún hoy encarece- la construcción de infraestructura  viaria y ferroviaria.

Durante el s. XIX se intensificó significativamente por el acuerdo de las Diputaciones de construir  « carreteras vecinales » al amparo del art. 68 de la Ley de Diputaciones Provinciales de 8 de enero de 1845, vid. Martínez Alcubilla, M., Diccionario de la Administración Española, Peninsular y Ultramarina: Compilación ilustrada de la novísima legislación de España, t. VI, Madrid, 1868, p. 569.

[6] Pérez Picazo, M.T., La Economía de la Ilustración, Cuadernos del seminario « Floridablanca » , Sucesores de Nogués, Murcia, 1988, p. 134.

jueves, 14 de mayo de 2015

La inactividad administrativa en tramitar la toma de posesión de plaza de funcionario de carrera obtenida en concurso de provisión publicada en el BOE en secretarias provinciales de direcciones periféricas.( 2min.)


Por

Juan B. Lorenzo de Membiela

Índice.

I.  Introducción. II. La significación jurídica de la toma de posesión . a)   Plazos posesorios. b)  Dies a quo del  plazo posesorio . III. Consecuencias  administrativas de la falta de   toma de posesión. a) La inactividad administrativa para dar posesión de la plaza al funcionario adjudicatario . b)  Modelaje. c)  Tramitación . IV. Cumplimentación de las diligencia de cese y toma de posesión: la inscripción en el Registro de Personal. V. Violación del derecho al cargo a efectos del art. 114 Ley Jurisdiccional de 1998.



I.  Introducción.

El concurso ha sido ,clásicamente , el medio más frecuente para provisionar puestos de trabajo en la Administración Pública .Constituye un procedimiento de selección fundamentado en la evaluación de los méritos exigidos en la convocatoria y alegados por los concursantes para determinar su aptitud y orden de prelación en los mismos[1]. Junto a esta definición adjuntamos otra, que define el  concurso desde perspectivas diferentes. El concepto alcanzado se logra mediante la contraposición  con el sistema de libre designación . Desde esta perspectiva se distingue del procedimiento de concurso no por la naturaleza política del primero y funcionarial del segundo, sino por el hecho de representar la libre designación una discrecionalidad en la elección de su titular, a diferencia del carácter reglado que preside el concurso. Por ello , algún autor defiende  el criterio más preciso  de  concebir dentro de un genérico sistema de concurso, el reglado en sus componentes valorativos y el que no lo sea cuando los méritos y capacidad pueden ser apreciados discrecionalmente[2].

Como destaca Parada, la discrecionalidad que en un primer momento la LMRFP de 1984  atribuyó a la Administración Pública para decidir sin límite alguno las  formas de provisión de puestos de trabajo fue modulada por la Ley 23/1988[3]. Sin embargo,  el aumento del voluntarismo burocrático-político  cinceló  el régimen público de la función pública si  lo comparamos con lo dispuesto en el art.  56 de la LF de 1964  que como principio rector en la provisión de puestos de trabajo calificaba  al concurso como procedimiento general. En la actualidad,  los cargos directivos de la Administración Pública están reservados a ser provistos mediante libre designación .

En esta previsión se dictó la OM de 6  de febrero de 1989, Resolución conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y para la Administración Pública por la que se aprueba el modelo de relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y se dictan normas para su elaboración, cuyo art. 6 determina que el criterio general es el del concurso de méritos para todos los puestos de trabajo, excepto los de Subdirector general o nivel equivalente. Previéndose como excepciones que podrá cubrirse por el sistema de libre designación el de Directores territoriales y provinciales de los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos y Entidades gestoras de la Seguridad Social, Secretarías de altos cargos de la Administración.

Esta solución no debe parecer, sin embargo,  contrario a la eficacia de la Administración Pública . Desde la perspectiva de la organización el nombrar a personas incluso sin una cualificación técnica puede resultar rentable desde la óptica de eficacia gerencial. Y no me refiero a los nuevos retos modernizadores de la Administración Pública, sino a lo que ya defendía Garrido Falla[4] con remisión a  Farol, cuando éste aducía  que de las cualidades personales que deben exigirse al jefe de una empresa administrativa, las de tipo técnico son tanto menos indispensables conforme aumenta el tamaño de la empresa o el grado en la jerarquía.

En la actualidad, el art. 20.1º.a) de la  LMRFP de 1984  establece que el concurso   « Constituye el sistema normal de provisión[…] »  . Articulo 20 de la LMRFP de 1984 que modula la vigencia del art. 24.3º de la LF de 1964 . El concurso como procedimiento ordinario de provisión viene igualmente refrendado  por el art. 36.1º del RGI de 1995

Hoy,  esa generalidad como procedimiento de provisión ha quebrado[5].  Esta situación  es  recogida por Díaz Fernández, para quien  la quiebra del sistema de concurso para la provisión de puestos es un hecho constatable ante la proliferación de técnicas ajenas a este  mecanismo,  con claro  detrimento del principio de igualdad .

La objetividad del concurso también  ha quedado superada. Y con ello el sistema más imparcial, como apunta Sánchez Morón, pues para resolverlo sólo pueden tenerse en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria que aparecen debidamente baremados en ella[6].   Hecho que conecta con la valoración de las comisiones de servicio ,dadas discrecionalmente por el órgano directivo, y que comprometen la transparencia del proceso de selección.

La  relegación del concurso como modo ordinario de provisión  ha supuesto,  claramente, como apunta Alejandro Nieto, la práctica desaparición de la carrera administrativa de los funcionarios públicos[7]. La carrera del funcionario, y esto es apodíctico , se asienta  sólo sobre el acceso a los distintos puestos de trabajo[8] que  proporcionan una mayor retribución y un superior nivel administrativo. Aunque hoy, más que el nivel, la retribución es lo que determina el interés primario una vez que el grado, como exponente de una cierta dignidad o consideración al menos dentro de la organización  ha perdido todo significado

Junto a estas líneas introductorias conviene analizar algunos aspectos que aunque ciertamente infrecuentes no por ello son inexistentes. Profundizando en la mecánica interna de este modo de provisión la obligación de la Administración Pública de tramitar el cese en plazas de adscripción provisional  o en las antiguas desempeñadas y su correlativa toma de posesión  merecen un estudio más profundo, que es complejo, en cuanto a perfilar la mecánica administrativa  de estos actos.

II. La significación jurídica de la toma de posesión .

La toma de posesión en el art. 38 del RGI de 1995 explicita:

 « 1.    Los procedimientos de concurso y libre designación para la provisión de los puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios al servicio de la Administración General del Estado se regirán por la convocatoria respectiva, que se ajustará a lo dispuesto en este Reglamento y en las normas específicas que resulten aplicables.

2.    Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo, tanto por concurso como por libre designación, así como sus respectivas resoluciones, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y, si se estima necesario para garantizar su adecuada difusión y conocimiento por los posibles interesados, en otros Boletines o Diarios Oficiales » .

Una vez publicada  la resolución resolutoria del concurso  en el BOE que como todo acto administrativo es ejecutivo al amparo del art. 57 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre , el art. 48 del RGI de 1995 exige  la  toma de posesión  en el plazo de 3 días hábiles si no implica cambio de residencia o de 1 mes  si comporta dicho cambio o el reingreso al servicio activo . Obligación positiva tanto para el concursante como para la unidad administrativa  receptora del funcionario. Estas previsiones suelen igualmente consignarse en las bases del concurso que coinciden con el  RGI de 1995 .

Lo decisivo en la concesión del permiso de 1 mes o 3 días radica en el cambio de localidad aunque no implique cambio de centro de trabajo[9] como sanciona la STSJ de La Rioja de 29 de junio de 1996[10] , FD segundo:

« Aunque no lo diga explícitamente, el transcrito texto sobreentiende, sin duda, cuando habla de la misma localidad, que el término de referencia es la localidad en que radicara el destino desempeñado por el funcionario cuando se le adjudicó el nuevo […] » .

Y FD tercero :

« La norma de referencia no establece otro distingo que el concerniente a la ubicación de los dos puestos en juego, para señalar diferente duración al plazo posesorio, según radiquen o no en la misma localidad.

 Resulta, pues, improcedente la aplicación de un nuevo distingo que establece la Administración demandada, para denegar la petición del interesado, fundándose en que los puestos a considerar, estaban integrados en el mismo Centro de trabajo, añadiendo así un requisito ajeno al previsto en la norma reglamentaria, que, en modo alguno, exceptúa la invocada circunstancia de identidad de centro y a tenor de la cual basta el cambio de puesto para el juego del correspondiente plazo posesorio[…] » .

La finalidad del permiso posesorio, como establece el Dictamen en atención de consulta de 7 de noviembre de 1991, consiste en reconocer unos días de permiso al funcionario público a efecto de practicar el traslado de localidad.


El art. 48.3º del RGI de 1995 determina que los plazos posesorios se iniciarán a la finalización de los permisos o licencias concedidos a los interesados, salvo que justificadamente el  órgano convocante acuerde suspender el disfrute de ellos.

La suspensión de este  plazo requiere una motivación detallada de los motivos que ha llevado al  órgano administrativo  a adoptar la decisión, criterio mantenido en la STSJ de Navarra de 8  de octubre de 1999[11]. Es decir, la  justificación probatoria no basta expresarla de manera vaga, imprecisa o general, sino que exige una motivación en función de unos hechos determinantes que las prueben. Desde este punto de vista el FD segundo de la STSJ de Santa Cruz de Tenerife, Canarias,  de 14 de diciembre de  1998[12].


El cómputo de los plazos empezarán a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el BOE . Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación, art. 48.1º in fine.

Fecha que ha de consignarse en el acto de toma de posesión, bien sea la del día de incorporación efectiva, o bien, la del día siguiente a aquél en que se produjo el cese, bien al amparo del art. 48.3º RGI de 1995 cuando finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidos a los interesados salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. Como órgano convocante se entiende aquel que  haya ordenado la publicación del concurso de provisión, no la unidad administrativa en donde haya obtenido el puesto de trabajo adjudicado. Ésta carece de competencia para modificar la convocatoria de provisión de puestos ordenada por un Secretario  de Estado incurriendo en tal caso  en una nulidad absoluta de pleno derecho por aplicación el art. 62.1º.b) Ley 30/1992 de RJAPPAC.

El Dictamen en atención de Consulta de 2 de diciembre de  1991 establece que la fecha de formalización que debe indicarse en el documento es la de la toma de posesión efectiva, sin perjuicio de que los efectos de la misma se retrotraigan a la del día siguiente a aquel en el que se produjo el cese. El Texto del Dictamen establece:

« Una interpretación sistemática de las normas que regulan el sistema de provisión de puestos de trabajo establecido en el Reglamento que se cita, permite hacer las siguientes consideraciones:

1º.- El plazo posesorio en un elemento integrante del sistema de provisión de puestos establecido reglamentariamente como necesario para la operatividad del sistema, tanto en beneficio de la Administración como del funcionario, al que el artículo 18.4 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo confiere a todos los efectos la consideración de servicio activo.

2º.- El cese en un puesto de trabajo por cambio de destino se produce como consecuencia de un acto de nombramiento para otro puesto. El funcionario queda por consiguiente desligado del puesto de origen con dicho cese, si bien a estos efectos retributivos se aplican las normas contenidas en el artículo 32. tres de la Ley 4/1990, de 29 de Junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

3º.- Consecuencia lógica de lo anterior es que el plazo posesorio ha de computarse como servicio prestado en el nuevo puesto de destino, razón por la cual sea cual fuere la fecha de toma de posesión del nuevo puesto, siempre que se efectúe dentro del plazo o de las prórrogas legalmente establecidas, la fecha que debe indicarse en el documento de formalización es la de la toma de posesión efectiva, sin perjuicio de que los efectos de la misma se retrotraigan a la del día siguiente a aquél en el se produjo el cese» .

III. Consecuencias  administrativas de la falta de   toma de posesión.

El Acuerdo de 10 de mayo de 1988 impone el criterio de la imposibilidad de renuncia expresa o tácita de la toma de posesión, encontrándose obligados a la toma de posesión en el plazo indicado. El contenido del Acuerdo establece:

« La CSP  en su sesión correspondiente al día 10 de mayo de 1.988 ha examinado el informe sobre consulta relativa a los efectos a la falta de toma de posesión de un destino y ha adoptado el siguiente acuerdo:

La CSP  acordó informar a la Dirección General de Correos y Telégrafos del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, con el voto en contra del representante de la Federación Sindical de Comisiones de la Administración Pública de CC.OO., en relación con la consulta formulada, que los funcionarios públicos están obligados a tomar posesión en los plazos establecidos de los destinos para cuyo desempeño sean nombrados, sin que sea posible la renuncia expresa o tácita de los mismos, si por parte de la Administración no se adopta previamente la oportuna resolución en atención a las causas impedir la toma de posesión» .

La adquisición de la condición de funcionario de carrera y por extensión la provisión de la nueva plaza obtenida mediante concurso  queda supeditado a la exteriorización de un  acto de voluntad del aspirante concretado en su toma de posesión.  Ello es debido a que el  sistema actual de acceso y provisión  a la función pública  posee un carácter voluntario[13], como ha tenido ocasión de reiterar la STS de 30  de junio de 1990 , FD tercero, con remisión a González Pérez[14]  .

El  nombramiento es calificado como acto administrativo perfecto,  pero necesita para su  eficacia  la aceptación  del aspirante  y destinatario del mismo manifestado en la toma de posesión . Sobre la STS de 30  de junio de 1990 y STSJ de las  Palmas , Canarias , de 4  de febrero de 2000[15] , cabría  fundamentar la naturaleza de la   toma de posesión como acto de ejecución del acto de nombramiento, rechazando la naturaleza de acto condición.

No obstante, la doctrina estima la naturaleza que el acto de nombramiento es un acto condición  sometido para su eficacia al cumplimiento de diversos eventos, entre ellos,  la toma de posesión[16].

Es exigida la toma de posesión como acto previo al reconocimiento de la cualidad de funcionario público, STS de 25  de octubre de 1989, FD tercero:

« La Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, establece en su art. 36 los requisitos generales para adquirir la condición de funcionarios y que son los siguientes: superación de las pruebas o cursos de selección correspondientes, nombramiento por la autoridad competente, juramento y toma de posesión de tal manera que mientras no se cumplan con todas estas exigencias no se adquiere la condición de funcionario y consiguientemente no cabe obtener ninguna de las situaciones propias del mismo como la de excedencia[…] » .

El  Acuerdo de la CSP  de 10  de mayo de 1988, viene a reconocer, explícitamente, que la falta de la toma de posesión para el funcionario debe ser considerada como renuncia tácita de los derechos adquiridos . Del mismo tenor, el Dictamen en atención de Consulta  de 12  de julio de 1991 y Acuerdo de la CSP de 13  de julio de 1995. Este mismo criterio es recogido por la STS de 25  de octubre de 1989, FD tercero:


« […] Este sistema general fue acogido por la Ley 8/73 de 17 de marzo, de ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Minas al servicio del Ministerio de Industria, cuya art. 3.º es taxativo al decir que, tras el nombramiento por el orden en que figuren los aspirantes en la escala complementaria, la condición de funcionario se adquirirá ... «previo cumplimiento de los demás requisitos exigidos por el art. 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado». Añadiendo en el segundo párrafo que quienes no cumplan dichas exigencias «serán dados de baja y se les considerará decaídos en su opción». En estas circunstancias resulta claro que en el presente caso, al haber dejado transcurrir el actor el plazo que se le indicó para tomar posesión, procedía como hizo la Administración y de conformidad a derecho de la Orden impugnada y determina su confirmación y subsiguiente desestimación del presente recurso» .

a) La inactividad administrativa para dar posesión de la plaza al funcionario adjudicatario .

La actitud de la unidad administrativa reacia a cursar la toma de posesión, aunque extraña, no por ello es imposible que concurra. Suelen emplearse igualmente otras estratagemas como diferir los actos de cese y toma de posesión a las Secretarias Generales de las Subdelegaciones o Delegaciones de Gobierno, aunque estas actitudes  no dejan de ser extravagantes. El caso que examinamos, conviene aclararlo, refiere a organismos autónomos no integrados en las Delegaciones de Gobierno.

Sin perjuicio de profundizar en el ámbito de otras áreas de derecho , como el penal . Este hecho constituye  de por sí no sólo un atentado al derecho al cargo del art. 23.2º CE , también a la legislación ordinaria. Baste referirse a normas jurídicas y  principios de organización y gestión.

Como ejemplo más llamativo de la infracción , en cuanto disposición  ordinariamente empleada y conocida en la Administración General del Estado , el Manual de Procedimientos de Gestión de Recursos Humanos en materia de vacaciones, permisos y licencias, comisiones de servicios y reingresos al servicio, Resolución de 14 de diciembre de  1992 de la Secretaría de Estado para la Administración  Pública ,   que aplica criterios para una Administraron moderna. Persiguiendo  racionalización de los procedimientos administrativos con vistas a simplificar la gestión interna.

La Resolución establece que los procedimientos objeto de este Manual responden a  una labor de racionalización de las actuales prácticas administrativas, lo que permite la fijación de criterios de actuaciones comunes de obligado cumplimiento para homogeneizar el tratamiento y solución de los casos planteados cuando éstos reúnan unas iguales o similares características, así como la formulación de recomendaciones de carácter orientativo con el fin de simplificar trámites administrativos y evitar molestias a los interesados.

Se establecen criterios de buena gestión, reiterado en este Manual profusamente , y que persiguen una mejor conducción de los procedimientos administrativos con vistas a simplificar y racionalizar trámites administrativos y evitar molestias a los usuarios. El apartado B del Capitulo I de esta Manual prevé: 

« Como principios básicos de actuación el gestor de Recursos Humanos procurará solucionar estos casos con criterios de eficacia y de equidad, de forma que no se resienta la marcha de la organización ni se menoscaben los derechos de los funcionarios. La flexibilidad en la apreciación de los distintos supuestos planteados será siempre preferible a una aplicación rigorista de la legalidad formal» .

Los procedimientos  en  materia de gestión de personal , en lo que refiere al cese en plaza en adscripción provisional y toma de posesión en plaza definitiva adjudicada mediante concurso deben cumplirse  los siguientes tramites:

b)  Modelaje.

a) Modelo oficial F.4.R (Formalización del cese), en la plaza de adscripción provisional que ocupaba hasta la resolución del concurso de BOE 4 de noviembre de 2005.

b) Acuerdo de nombramiento.

Se utiliza el modelo oficial F.1 (Acuerdo de nombramiento para puesto de trabajo).

c) Formalización de toma de posesión.

Se utiliza el modelo oficial F.2.R (Formalización de la toma de posesión en el puesto de trabajo).

c)  Tramitación .

« Una vez formalizada la toma de posesión, la unidad gestora de la Dirección de Recursos Humanos envía el juego de ejemplares a la oficina delegada del Registro Central de Personal, la cual anota la toma de posesión, se queda con su ejemplar y devuelve los restantes a la unidad gestora citada. Esta remite seguidamente los ejemplares correspondientes al centro pagador, al centro de destino y al interesado» .

IV. Cumplimentación de las diligencia de cese y toma de posesión: la inscripción en el Registro de Personal.

Todos estos documentos y en particular las diligencias de cese y toma de posesión  deberán cumplimentarse por la unidad del centro de trabajo en donde se haya obtenido la plaza que  deberá, conforme al   art.  37 RGI de 1995 , ser comunicadas al Registro Central de Personal dentro de los tres días hábiles siguientes a su formalización.

En el ámbito periférico, concretamente en la circunscripción administrativa de una Subdelegación de Gobierno , el Registro de Personal será una unidad delegada del mismo. Esa opción se encuentra amparada por el Reglamento del Registro central de personal y normas de coordinación con los de las restantes Administraciones públicas, RD 1405/1986, art. 10, que autoriza la creación en los Gobiernos Civiles, actuales Subdelegaciones , de Registros de Personal Delegados. Sobre este precepto, y en atención a los principios de buena práctica gestora cabe entender como Unidad gestora de la Dirección de Recursos Humanos, aquella existente en las Direcciones  periféricas  no integradas en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.

Es más, al amparo de la Resolución de 2 septiembre 2002 que  Establece los nuevos modelos de documentos para la inscripción y anotación en el Registro Central de Personal de diversos actos administrativos de personal y nuevos modelos de títulos administrativos y hojas de servicio del personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General del Estado, el modelaje cumplimentado es obligatorio para causar efectos jurídicos, de ahí la ilicitud  que incurrirían las dependencia periféricas que no cumpliesen con estos mandatos.


Ese procedimiento cabe exponerlo reproduciendo expresamente la Resolución de 2  de septiembre de 2002, citada:

« Por consiguiente, esta Secretaría de Estado, ha resuelto:

Primero.- Aprobar los formatos a los que deberán ajustarse los títulos administrativos y las hojas de servicio de los funcionarios de carrera y del personal laboral al servicio de la Administración General del Estado, y que serán emitidos tras su inscripción en el Registro Central de Personal. Estos formatos figuran en el anejo I de esta Resolución.

Segundo.- Aprobar los modelos de impresos de inscripción y anotación registral que figuran en el anejo II de esta Resolución.

Tercero.- Los modelos registrales vienen diferenciados por la letra «R» al final de su denominación. Serán de utilización obligatoria para la comunicación al Registro Central de Personal de las resoluciones, actos administrativos u otras informaciones que afecten al personal comprendido en su ámbito y que deban ser objeto de asiento.

Cuarto.- Los impresos se cumplimentarán de modo que los actos o resoluciones y sus efectos queden perfectamente determinados, para lo cual se ajustarán a las instrucciones y codificaciones que figuran en el anejo IV y cumplirán con los restantes requisitos de calidad que establece la normativa reguladora del Registro Central de Personal.

Quinto.- Los documentos registrales se cumplimentarán por cuadruplicado, correspondiendo el original para el interesado y los tres restantes para la Unidad gestora, el Centro Pagador y el Registro Central de Personal.

Sexto.- Una vez cumplimentados todos los ejemplares de un documento registral, se trasladarán a la Oficina Delegada del Registro Central de Personal en el Ministerio u Organismo correspondiente o, en su defecto, al propio Registro, donde se estampillarán para acreditar el asiento, a efectos del cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley 30/1984 (RCL 1984, 2000, 2317, 2427; ApNDL 6595), de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Finalmente, el ejemplar destinado al Registro se incorporará al expediente personal del interesado y los restantes se devolverán a la Unidad gestora.

Los modelos registrales vienen diferenciados por la letra «R» al final de su denominación. Serán de utilización obligatoria para la comunicación al Registro Central de Personal de las resoluciones, actos administrativos u otras informaciones que afecten al personal comprendido en su ámbito y que deban ser objeto de asiento» .

En suma, la inactividad  administrativa  a tramitar el cese en la plaza en adscripcin provisional como la toma de posesión en la nueva plaza constituye una flagrante violación del derecho al cargo. El derecho a los cargos y funciones públicas implica el de mantenerse en ellos, SSTC 99/1987, de 11 de junio y ATC 1162/1988, de 24 de octubre.  La CE garantiza que los que hayan accedido al desempeño de las funciones y cargos públicos « se mantengan en ellos sin perturbaciones  ilegítimas y los desempeñen de conformidad con lo que la ley disponga […] » , STC 32/1985, de 6 de marzo de 1985, ya que la norma constitucional perdería toda eficacia si, aun respetando el acceso a la función o cargo público en condiciones de igualdad, su ejercicio pudiera resultar mediatizado o impedido sin remedio jurídico.

V. Violación del derecho al cargo a efectos del art. 114 Ley Jurisdiccional de 1998.

El Derecho al cargo previsto originariamente en el art. 63 de la LF de 1964 , aunque con múltiples proyecciones en el resto de legislación de empleo público,  y amparado por el art. 23.2º de la CE en lo que refiere a este caso,  ha sido y es una cuestión de difíciles contornos, poco estudiados y sumidos en una densa niebla interpretativa, posiblemente porque el mismo se erija como limite al ejercicio de potestades discrecionales  y organizativas  de las Administraciones Públicas , atentando a lo que algún autor califico como las inmunidades del poder[17].

Las posiciones doctrinales  varían:  para Ortiz de Mendívil,[18] el derecho al cargo se proyectaría en exclusiva sobre el derecho a la permanencia en el puesto de trabajo y el ejercicio de funciones inherentes al mismo, en atención a que el término cargo, tal y como aparece plasmado en la Ley de Funcionarios de 1964, se utiliza como sinónimo de plaza, destino, puesto, funciones y otros términos se­mejantes.  Para Rodríguez Vázquez de Prada[19], el derecho al cargo es el que corresponde a un funcionario en función de su formación y demás títulos para ocupar un puesto de trabajo y ejercitar en consecuencia las facultades y atribuciones que al mismo se asignan.

Sin embargo, la doctrina científica actual profundizando en la gnosis del derecho va más allá de meras posiciones superficiales encontrando sugestivos matices que protegen la función a desempeñar por los empleados públicos profesionales. Tal es el caso de Martínez de Pisón[20], que lo  identifica  como  la  inamovilidad funcional como reflejo subjetivo del derecho al cargo, que está en íntima conexión con la configuración precisa del puesto en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo […] .






[1] Barrachina Juan, E., La función Pública, II, PPD, Barcelona, 1991, p. 67.

[2] Cordero Saavedra, L.,  La « libre designación» como sistema de provisión de puestos de trabajo. De la discrecionalidad a  la arbitrariedad, Actualidad Administrativa , 2001, ref. XIV.

[3] Parada Vázquez, R., Derecho Administrativo, t. II,  en « Organización y empleo público » , Marcial Pons, Madrid, 2000, p.   475.

[4] Garrido Falla, F., Tendencias actuales en relación con el perfeccionamiento de las categorías superiores de la función pública, Revista de Administración Pública , 1956, 20, p. 50.

[5] Díaz Fernández, R.M.,  en la Recensión al libro El ocaso de la Función Pública española: la reforma del régimen jurídico funcionarial de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,  de Iñigo Martínez de Pisón Aparicio,  Revista española de Derecho Administrativo, 1996, 89, pp. 165 y ss..

[6] Beato Espejo, M., La libre designación a la luz de la doctrina jurisprudencial: garantías jurídicas,  Revista Española de Derecho Administrativo, 1987, 56, pp. 585 y ss. y Sánchez Morón, Derecho de la función pública, 3ª Edic., Tecnos,  2001, Madrid, p.  159.

[7] Nieto García, A., La carrera administrativa , en  « Función pública» , Cuadernos de Derecho Judicial , Consejo General del Poder Judicial, 1993, 7, s.p. [ pero 11-44 ] .

[8] Sánchez Morón, M., Derecho de la función pública, 5ª Edic., Tecnos,  2004, Madrid, p.   158.

[9] Ya referimos que localidad es sinónimo de municipio , vid.. Lorenzo de Membiela , Licencias y permisos de los funcionarios públicos, 1ª Edic., Aranzadi, Pamplona, 2001, p.41 y nota 33.

[10]( Rec. Núm. 784,1994).

[11] (Rec. Núm. 1389,1996).

[12] (Rec. Núm.  1399,1996).

[13] Serrano Guirado, E., El nombramiento y la toma de posesión de los funcionarios, cit., p. 161.

[14] González Navarro, F., Derecho Administrativo Español, t. II , Aranzadi, Pamplona , 1988,, p. 698.

[15] (Rec. Núm. 1887,1996).

[16] García  de Enterría, E. y Fernández, T.R., Tratado  de Derecho Administrativo,Madrid, 1958, p. 301 y Ayuso Ruiz-Toledo, M., Eficacia de los actos administrativos: suspensión y ejecución, en «   Estudio de la L.R.J. de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común II» , Cuadernos de Derecho Judicial , CGPJ , 1994, 8 s.p. [ pero 11-100  ].

[17] García de Enterría, E., La lucha contra las inmunidades del poder, 3ª Edic., Civitas, Madrid, 2004.

[18] Ortiz de Mendívil, J., El derecho al cargo, Documentación Administrativa 1968, 123, , p. 9.

[19] Rodríguez Vázquez de Prada, V., El derecho de residencia y la inamovilidad de los funcionarios públicos, Documentación Administrativa , 1973, 152, pp.. 88 y ss.

[20] Martínez de Pisón Aparicio, Régimen jurídico de la función pública y derecho al cargo, Civitas-UCM, Madrid, 1995, pp. 60 y ss..